(Reuters) - Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el lunes el plan del presidente Barack Obama para proteger de la deportación a millones de inmigrantes indocumentados, un asunto que probablemente será abordado en la campaña presidencial de 2016.
El juez de distrito Andrew Hanen, de Brownsville, Texas, dictaminó a favor de más de dos decenas de estados que se oponen al plan y afirmó que el Gobierno no ha cumplido con los procedimientos.
La Casa Blanca anunció que el Departamento de Justicia apelará la decisión.
Haciendo uso de su autoridad ejecutiva, Obama anunció en noviembre de 2014 un programa para levantar la amenaza de deportación que pesa sobre 4,7 millones de inmigrantes ilegales.
La medida se anunció luego de que los republicanos en la Cámara de Representantes bloquearon un proyecto bipartidista que el Senado había aprobado en 2013.
El debate sobre la inmigración se convertirá seguramente en uno de los asuntos principales en la campaña presidencial de 2016, que ya está comenzando.
Los republicanos, que controlan el Congreso, están vinculando los fondos del Departamento de Seguridad Nacional, cuyo presupuesto se acaba el 27 de febrero, a un bloqueo del decreto de inmigración de Obama. Sin una acción rápida, algunos programas de la agencia se paralizarán a fines de este mes.
FINANCIAMIENTO EN RIESGO
Tras la decisión del juez Hanen, el presidente de la Cámara, John Boehner, y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, pidieron a los demócratas permitir que se apruebe su proyecto para el Departamento de Seguridad Nacional en el Senado.
El plan de Obama permitiría que permanezcan temporalmente en Estados Unidos cerca de 4,4 millones de personas cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes.
Otras 270.000 personas serían autorizadas a quedarse y obtener permiso para trabajar debido a la expansión de un programa de 2012 conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), un alivio ante la deportación para personas llevadas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. Estaba previsto que la ampliación comience el miércoles.
Alrededor de 26 estados, encabezados por Texas y su gobernador republicano, Greg Abbott, demandaron al Gobierno para que detenga los programas con el argumento de que los decretos de Obama violan los límites constitucionales sobre sus poderes.
Además, solicitaron una orden judicial para evitar que los programas entren en vigor mientras se desarrolle el proceso legal.
"El intento del presidente de ignorar la voluntad del pueblo estadounidense fue frenado exitosamente hoy (martes)", afirmó Abbott, quien elogió la decisión judicial a través de Twitter.
Los republicanos han dicho que el plan de Obama equivale a una amnistía esencial para personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos.
En respuesta al dictamen, la Casa Blanca dijo que la Corte Suprema y el Congreso han dejado en claro que el Gobierno federal puede fijar prioridades al hacer cumplir las leyes de inmigración, "que es exactamente lo que hizo el presidente cuando anunció políticas de sentido común para ayudar a reparar nuestro quebrado sistema inmigratorio".
"Destacados funcionarios de la ley, junto a líderes estatales y locales en todo el país, han enfatizado que estas políticas también beneficiarán a la economía y ayudarán a mantener seguras a las comunidades", agregó.
La acción del Gobierno ha sido elogiada por defensores de los inmigrantes, incluyendo a hispanos, un bloque clave de votantes que en su mayoría ha respaldado a los demócratas.
"Creemos firmemente que estos programas serán implementados, y ya sea ahora o en varios meses más, no tenemos dudas de que el presidente estaba bien dentro de los límites de su autoridad ejecutiva", dijo la directora legal del grupo American Immigration Council, Melissa Crow.
"Realmente creemos que este caso es más sobre política que sobre legislación", agregó.
